“Educación y afrodescendencia en territorios de frontera norte” revela experiencias, percepciones y conocimientos de actores institucionales, sociedad civil y comunidad, con el cometido de favorecer la comprensión acerca de las brechas educativas y los factores que inciden en la persistencia de graves asimetrías sociales.
La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH); el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través de la Subsecretaría, la Dirección Nacional de Educación y el Programa Espacios MEC; el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), mediante la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendientes y el Proyecto de Fortalecimiento de las Políticas y Planes Públicos Nacionales y Locales para la mejora de la calidad de vida y la inserción social de la población afrodescendiente en Uruguay (AECID-AUCI); y la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), a través del Programa de Promoción de los Derechos Humanos, impulsaron entre marzo y junio de 2026 un proceso de trabajo territorial en los departamentos de la frontera norte del país, orientado a relevar desafíos, demandas y oportunidades vinculados a la educación y la afrodescendencia.
Esta iniciativa se desarrolló a instancias del Grupo de Trabajo sobre Educación y Afrodescendencia en Territorios de Frontera, conformado con el objetivo de generar insumos para el fortalecimiento de las políticas públicas educativas, según las particularidades de los territorios estudiados.
La estrategia incluyó jornadas de trabajo en los departamentos de Rivera, Artigas y Cerro Largo, que propiciaron el intercambio con autoridades educativas, equipos técnicos, organizaciones de la sociedad civil, referentes comunitarios y otros actores vinculados al ámbito educativo. Estos encuentros permitieron recoger experiencias, reflexiones y propuestas orientadas a identificar las barreras que afectan el pleno ejercicio del derecho a la educación de la población afrodescendiente.
Recomendaciones
Con el objetivo de revertir las brechas estructurales identificadas por el estudio en los territorios de frontera, el equipo aportó recomendaciones y líneas de acción prioritarias, tales como diseñar e implementar un protocolo antirracista unificado en el ámbito de la ANEP con aplicación obligatoria en todos los subsistemas; superar la concepción fragmentada de las acciones afirmativas, transitando de la asignación de cupos hacia una política de reparación histórica integral; y subsanar el vacío de información oficial respecto a las trayectorias educativas de la población afrodescendiente en los territorios de frontera, aspecto en el que la Ficha Única del Estudiante se propone trabajar.
Además, instaron a cesar los procesos de discriminación diglósica y exclusión basados en las prácticas lingüísticas locales de la frontera norte; transferir las capacidades de decisión y presupuestos directamente a los territorios; y a diseñar respuestas focalizadas para las adolescentes y jóvenes afrodescendientes afectadas por la sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas y situaciones de monoparentalidad.
Por otro lado, reclamaron combatir la hipersexualización y estereotipación laboral que condicionan las expectativas y proyectos de vida de las mujeres jóvenes afrodescendientes; promover narrativas pedagógicas plurales y emancipatorias; y fortalecer la incorporación de los saberes, conocimientos y prácticas culturales afrodescendientes en los procesos educativos y formativos, reconociendo su aporte a la construcción del conocimiento y a la diversidad cultural del país.
Por último, recomendaron adecuar las transferencias y ayudas económicas a la complejidad socioeconómica y de aislamiento geográfico que viven las familias que habitan en la frontera; e intervenir de manera coordinada ante el avance del microtráfico, el consumo problemático de sustancias y la violencia estructural que vulneran el clima escolar de los centros de frontera.
Exclusión y discriminación
Durante la presentación, realizada en la sede del INDDHH, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, expresó: “Uruguay posterga a determinados grupos poblacionales por ser afro. Hay un sistema que produce esos sistemas de exclusión y estos informes nos indican la necesidad de desarmar esa máquina de excluir”.
Además, felicitó el trabajo del equipo que elaboró el informe y convocó a leerlo, “porque muestra todo lo que no hace el sistema educativo en términos de acciones afirmativas”.
“Que lo lean los 60.000 docentes que definen que pase una cosa u otra y esto implica echar luz sobre algo que no queremos ver”, subrayó.
Por su parte, la subdirectora general de la DGES, Sandra Peña, señaló que la problemática de la discriminación se extiende a todo el país y destacó la posibilidad de contar con una hoja de ruta que oriente las acciones necesarias para mejorar la realidad educativa en este sentido.
La directora de la División de Promoción de Políticas Públicas para Personas Afrodescendientes del MIDES, Leticia Rodríguez, se refirió a la historia de la región y al pasado de maltrato y esclavitud que sufrieron los afrodescendientes. “Hay un desconocimiento tal de la diversidad que somos como descendientes de africanos esclavizados en esa región, que a veces la mayoría de las personas no saben que tiene que ver también con el proceso de abolición en Brasil”, explicó.
Enfoque territorial
La subsecretaria del MEC, Gabriela Verde, resaltó el enfoque territorial del estudio y su aporte a la toma de decisiones. “Tenemos un montón de trabajo para hacer gracias a la metodología utilizada, centrada en el territorio y en las personas desde un lugar de compromiso institucional”, celebró.
Gabriel Quirici, director Nacional de Educación del MEC, hizo énfasis en la importancia del documento y su contribución a las acciones emprendidas por el MEC tendientes a reivindicar la cultura afrodescendiente.
Por otro lado, la directora de la INDDHH, Carmen Rodríguez, también elogió la elección de los departamentos en los que se centró el estudio y arrojó luz sobre el reparto desigual de fondos que reciben algunos departamentos, lo que dificulta llevar adelante iniciativas sociales que contribuyan a mejorar la realidad que aborda el informe e impacta “por ejemplo, en el transporte hacia los centros educativos”.
Cabe destacar que las recomendaciones ofrecidas en el informe serán trabajadas a instancias del Sistema Nacional de Educación, a través de la Comisión de Derechos Humanos y del proceso de elaboración del Plan de Educación en Derechos Humanos.
Durante la segunda parte del encuentro se conformó una mesa técnica en la que se presentó el proceso de trabajo y los principales resultados del informe.
El equipo también dio cuenta de la conformación y desempeño del grupo interinstitucional, fundamentó la selección de los territorios, expuso la metodología utilizada y compartió los principales hallazgos, entre otros aspectos relevantes del documento.
En esta oportunidad, participaron Oscar Rorra, responsable de la Unidad Étnico-Racial del INDDHH, Eugenia Larrosa, de la Subsecretaría del MEC, Pedro Pintos, coordinador de Espacios MEC de Artigas, Jessenia Pérez de la Dirección Nacional de Educación del MEC y Jimena Valdez en representación de la DGES.